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La Comisión Nacional Intercámaras, que impulsa el anteproyecto de ley de regu-lación de grandes superficies comercia-les, fue recibida por la Comisión de In-dustria y Comercio del Senado, ante cu-yos integrantes fueron expuestos los ar-gumentos de la iniciativa, que procura morigerar el impacto altamente negati-vo que causan en el comercio minorista. La iniciativa también fue debatida pos-teriormente en una reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio de la Cámara alta. En la primera de esas dos ocasiones, los senadores Arturo Vera (UCR-Corrientes, presidente de la Comisión de Industria y Comercio) , Ada Maza (FPV-La Rioja, vi-cepresidenta), Eugenio Artaza (UCR-Co-rrientes), Mario Cimadevilla (UCR-Chu-but), Roberto Basualdo (Producción y Tra-bajo-San Juan) y Ana María Corrado de Beltrán (FPV-Santiago del Estero) com-partieron el espíritu de los argumentos planteados por la Comisión Nacional In-tercámaras, que coordina la Confedera-ción Argentina de la Mediana Empresa. En la reunión plenaria, el debate se abrió con una breve reseña histórica de la ac-tividad comercial en el país a cargo de Raúl Lamacchia (CAME), quien destacó la necesidad de regular la actividad del sector comercial de pequeña y mediana escala, creador de empleo e inversiones que quedan en el país.

En ese contexto, Lamacchia remarcó que la realidad del sector comercial pyme es de desprotección en relación al poder que ostentan las grandes cadenas multi-nacionales de supermercados instaladas en el país.

El proyecto elaborado para poner freno a la radicación de grandes superficies comerciales en los núcleos urbanos de todo el país alcanzó estado parlamen-tario a fines del año pasado, a través de la presentación de la iniciativa por parte

del senador sanjuanino Roberto Basual-do, vicepresidente de la Comisión de Economías Regionales y Micropymes. La iniciativa propone fijar un límite vincu-lado a la cantidad de población y los locales de ese tipo ya abiertos e impulsa concretamente que en ningún núcleo ur-bano se autoricen estos comercios cuan-do la superficie máxima cubierta desti-nada a exposición y venta existente para ese tipo de emprendimientos supere el divisorio de la cantidad total de los ha-bitantes y el coeficiente 8.

Para calificar a un establecimiento como "gran superficie comercial", el antepro-yecto incluye una escala ligada al núme-ro de habitantes de la localidad corres-pondiente. Señala al respecto que las provincias podrán reducir las superficies cubiertas para la consideración de un establecimiento dentro de esta catego-ría, con alcance local, pero no aumen-tarlo.

Cuando se trate de establecimientos que comercialicen productos alimenticios ex-

clusivamente o en forma notoriamente preponderante, se considerarán como grandes superficies aquellos que supe-ren los 100 metros cuadrados de expo-sición y venta, cualquiera fuese la po-blación del núcleo urbano donde esté habilitado o se pretenda su instalación. Entre otras cuestiones, la iniciativa indi-ca que para la determinación de la su-perficie cubierta existente en un núcleo urbano se tomarán en cuenta todos los autoservicios, las grandes superficies comerciales instaladas y las cadenas de distribución, es decir, aquellos estableci-mientos de ventas minoristas o cadenas mayoristas que realicen ventas minoris-tas y pertenezcan a un mismo grupo eco-nómico.

El anteproyecto también menciona que no podrá habilitarse ningún estableci-miento comercial del tipo en cuestión sin previo certificado de factibilidad expe-dido por la provincia o la Ciudad Autó-noma, que contemple un informe de im-pacto socioeconómico y ambiental.